Las preocupaciones expresadas sobre las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza no solo denuncian una violación de derechos humanos, sino que también exponen el clima de temor que el gobierno de Nicolás Maduro está fomentando en el país tras su polémica reelección. Desde las elecciones presidenciales, donde Maduro fue proclamado ganador con un cuestionado 52% de los votos, la oposición ha denunciado un «fraude masivo». En lugar de abordar estas denuncias de manera transparente, el gobierno ha respondido con represión. Las protestas que surgieron tras el anuncio de los resultados han dejado un saldo trágico de 25 muertos y 192 heridos, lo que evidencia la gravedad de la situación. Türk fue claro en su demanda: todas las muertes en el contexto de las protestas deben ser investigadas, y los responsables, sancionados. Esta exigencia, aunque justa, parece desafiar la realidad de un país donde la impunidad se ha convertido en norma. La cifra de más de 2.400 detenciones desde el 29 de julio es alarmante por sí sola, pero lo es aún más cuando se considera que, en muchos casos, los detenidos no han tenido acceso a un abogado de su elección ni han podido contactar a sus familiares. Esta falta de garantías mínimas es inaceptable y apunta a una estrategia de represión sistemática que busca silenciar la disidencia y perpetuar el control autoritario. Lo más preocupante es el uso del derecho penal para limitar la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. El hecho de que tantas personas sean acusadas bajo la legislación antiterrorista o por incitación al odio es un claro abuso de poder que socava los principios básicos de una sociedad democrática. El llamado de Türk a liberar a todos los detenidos arbitrariamente es más que pertinente; es una demanda urgente para restablecer...
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