Más allá del simple arresto de un criminal, este hecho ha destapado una serie de tensiones subyacentes entre ambos países y ha levantado serias preguntas sobre la soberanía y la integridad de las instituciones mexicanas. La Fiscalía mexicana no tardó en calificar este caso como una posible «traición a la patria», un término cargado de simbolismo y que refleja la profunda preocupación del gobierno mexicano ante lo que percibe como una entrega ilegal de Zambada a Estados Unidos. La teoría que ha emergido es que Joaquín Guzmán López, hijo del infame «Chapo» Guzmán, podría haber sido quien traicionó a Zambada, lo que de ser cierto, reconfiguraría las lealtades y rivalidades dentro del Cartel de Sinaloa y tendría serias repercusiones en la seguridad nacional. Este episodio no solo es un problema de narcotráfico; es un reflejo de cómo el crimen organizado sigue infiltrándose en las estructuras políticas y sociales de México. La supuesta reunión entre Zambada y figuras de la élite política de Sinaloa, desmentida por el gobernador Rubén Rocha Moya, sugiere una proximidad inquietante entre el poder político y el narco. Si bien Rocha Moya ha negado cualquier vínculo, el hecho de que el nombre del gobernador haya sido mencionado en este contexto ya es suficiente para sembrar dudas y erosionar la confianza pública en las instituciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha manifestado repetidamente su descontento con la falta de transparencia de Estados Unidos en este caso, se encuentra ahora en una posición delicada. Por un lado, su gobierno ha insistido en la defensa de la soberanía nacional, especialmente en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, la posible conexión de figuras políticas cercanas a su administración con el narco pone en duda la coherencia de su discurso y podría debilitar la posición...
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