El fondo del asunto es técnico, pero las implicaciones son claramente políticas y económicas. La decisión de la comisión de seguimiento del convenio RFEF-La Liga de anular las licencias de los jugadores se basó en una interpretación normativa que ahora el Barcelona cuestiona. El club catalán, respaldado por el CSD, argumenta que dicha comisión carece de competencias para tomar decisiones tan drásticas. El CSD ha avalado esta tesis al estimar que existe una posible nulidad de pleno derecho. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Es evidente que el conflicto trasciende lo deportivo. No se trata solo de dos jugadores y sus derechos, sino del poder que ejercen las instituciones sobre los clubes y viceversa. La reacción airada de La Liga, que denunció la falta de audiencia previa antes de la resolución del CSD, y la cautela de la RFEF evidencian un descontento que no hará más que crecer. Por otro lado, el Barcelona ha jugado sus cartas con habilidad. No solo presentó un recurso de 52 páginas y 60 documentos, sino que lo hizo en un momento clave: a las puertas de la Supercopa de España, un torneo de gran proyección mediática y económica. La decisión del CSD, que apunta a proteger los derechos de los jugadores y garantizar su desarrollo profesional, también refleja la influencia del club azulgrana en las altas esferas del deporte. No obstante, esta medida cautelar no es una victoria definitiva. Es provisional y será revisada en tres meses. En este tiempo, La Liga y la Federación podrán presentar sus argumentos y, seguramente, el conflicto escale en los tribunales. Pero mientras tanto, el Barcelona gana tiempo, algo crucial en un caso con implicaciones deportivas y financieras enormes. Los 50 millones que costó Dani Olmo y los 48 que representa su contrato son solo una parte...
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