Podría parecer una broma o una inocentada. Pero no. Ninguno de los siete exaltos cargos socialistas empapelados por el caso de los ERE fraudulentos están ya en la prisión. Hace justo dos años, un 28 de diciembre de 2022, comenzaron a desfilar por la trena los condenados por este caso de corrupción que carcomió las entrañas del PSOE y así cumplir la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla el 19 de noviembre de 2019, ratificada casi en su integridad por el Tribunal Supremo el 13 de septiembre de 2022. Tal y como cuenta este 27 de diciembre de 2024 el diario ‘ABC‘, todos esos encarcelados ya están fuera del presidio por mor de la doctrina del Tribunal Constitucional. Por siete votos a favor de los magistrados elegidos a propuesta del PSOE y cuatro en contra del bloque conservador, el órgano de garantías que preside el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido tumbó la interpretación de los delitos que hicieron la Audiencia y el Supremo. Estableció la doctrina de que no se puede cometer prevaricación ni malversación si el reparto sin control ni publicidad de casi 680 millones de euros en ayudas a empresas tenía dotación presupuestaria al estar incluido el programa de subvenciones en las sucesivas leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía a partir del año 2002. Así las cosas, desde el mes de julio de 2024 se produjo la inmediata salida de prisión de cinco de los siete condenados que habían sido sancionados con la privación de libertad: dos exconsejeros, Francisco Vallejo (Innovación) y Antonio Fernández (Empleo); dos exviceconsejeros, Jesús María Rodríguez Román (Innovación) y Agustín Barberá (Empleo), y el exdirector general de la agencia autonómica que pagaba las ayudas, IDEA, Miguel Ángel Serrano. Este último fue el único al que el...
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