Se loe esta poniendo la cosa color de hormiga al Gobierno Sánchez. Y de forma particular por la zona donde opera, tan sectaria como atropelladamente, la ministra Mónica García. Y no es irrelevante, ni sanitariamente, ni económicamente, ni políticamente, porque los funcionarios han sido y parecen seguir siendo un caladero esencial de votos para la izquierda. Madrid fue testigo este 14 de diciembre de 2024 de una marea de funcionarios que inundó sus calles en defensa de Muface, el sistema de mutualidades que durante décadas ha proporcionado cobertura sanitaria a los empleados públicos. La manifestación, que congregó a unos 35.000 trabajadores según fuentes sindicales y policiales, no solo puso de manifiesto el descontento generalizado, sino que también lanzó un claro ultimátum al Gobierno Sánchez: o se renueva el convenio de Muface, o se enfrentará a una huelga en las administraciones públicas. El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, no se anduvo con rodeos: «El Gobierno está jugando con la salud de 1,5 millones de personas». Y es que el problema no es baladí. La posible desaparición de Muface no solo afectaría a los funcionarios, sino que podría desencadenar un efecto dominó en todo el sistema sanitario español. Un sistema en jaque Muface, ese acrónimo que suena a trabalenguas burocrático, es en realidad un modelo único en Europa. Creado en 1975 -sí, en plena Transición, cuando España estrenaba democracia como quien estrena zapatos nuevos-, permite a los funcionarios elegir entre la sanidad pública o aseguradoras privadas concertadas. Un sistema que, hasta ahora, parecía funcionar como un reloj suizo. Pero he aquí que el Gobierno Frankenstein ha decidido darle una vuelta de tuerca al asunto. La propuesta de subida de la prima del 14% para los próximos dos años ha caído como un jarro de agua fría entre...
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