Cada día, un escándalo. Cada día, más evidencia sobre el comportamiento mafioso del Gobierno de Pedro Sánchez y de su Partido Socialista. La última prueba de esto es el borrado de mensajes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz el día en que la Guardia Civil incautó sus dispositivos. El pasado 30 de octubre, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita registraron el despacho de García Ortiz, dos meses después del despliegue, los agentes confirman al juez que se había “borrado todo” el contenido referente a “cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea” entre el 8 y el 14 de marzo, los días en los que se produjo la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Si bien el borrado de estos mensajes podrían servir para ‘salvar’ a Pedro Sánchez o a algún alto miembro del Ejecutivo que estuviese coordinando la operación, es un elemento incriminatorio más en contra de García Ortiz. Además, aunque él haya eliminado los chats, el terminal de la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez -la autora de la nota de prensa que difundió datos confidenciales del novio de Ayuso- sí tiene las conversaciones de WhatsApp con su jefe. A esto se suma el testimonio del fiscal del Supremo, Salvador Viada, que afirmó haber visto a García Ortiz manipular un móvil durante el registro junto a su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde. Pero los volcados de los móviles es el nuevo dolor de cabeza para Sánchez porque salpican a muchas personas: el gabinete de la Presidencia de Gobierno, al gabinete de prensa del PSOE y hasta a los periodistas palmeros que conforman la ‘brunete pedrete’. El análisis de los datos del móvil del defenestrado Juan Lobato ‘enfanga’ entre otros a Angélica Rubio. La directora de...
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