Vienen a por nosotros. Me refiero al socialista Sánchez y toda esa jauría que chapotea con él en la corrupción. No es una broma, ni algo nuevo, porque hace ya seis años, desde que el marido de Begoña se encaramó a La Moncloa ayudado por proetarras y golpistas, que maniobran para acabar con la libertad de prensa en España. Lo penúltimo, porque hoy saldrán con otro engendro, es la aprobación en Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley para amordazar a las redes sociales, con la excusa de luchar contra las fake news. Que un Gobierno con el agua al cuello y la mitad de sus sicarios camino del banquillo tenga la desvergüenza de intentar legislar sobre información y periodismo, es como poco sospechoso. Con la tapadera de garantizar una fórmula para que cualquier ciudadano pueda defenderse de una noticia falsa en el menor tiempo posible, lo que persiguen es instalar la censura. El derecho de rectificación existe en España desde hace un siglo y en la ley de 1984 –redactada en tiempos de Felipe González– se detalla perfectamente quién, cuándo, dónde y cómo la puede ejercer. Como no puede ser de otra manera y ocurre en todos los países democráticos del mundo, si yo publico algo que afecta a un tercero y este ciudadano considera que lo dicho es erróneo, está en su derecho de hacerlo constar y mi medio de comunicación, en este caso Periodista Digital, en la obligación de recogerlo. Estos socialistas, que no son tontos del todo aunque últimamente lo parecen, se las prometían muy felices. Creyeron que dominando RTVE y la Agencia EFE y con el respaldo, tan entusiasta como interesado, de la Cadena SER, El País y los paniaguados de la ‘Brunete Pedrete’, además de tener sometidas vía publicidad institucional a Mediaset y...
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