Esta legislación, que prevé penas draconianas de hasta 30 años de prisión y 60 años de inhabilitación política, no es más que un intento descarado del régimen de Maduro para silenciar a la oposición y a cualquier voz crítica. Bajo el pretexto de «proteger al pueblo», esta ley es en realidad un instrumento de represión que busca criminalizar a quienes apoyen o promuevan sanciones internacionales contra el régimen. Es particularmente preocupante la inclusión de medidas para procesar a personas en ausencia y confiscar propiedades, lo que podría utilizarse para perseguir a opositores en el exilio y despojarlos de sus bienes. La amenaza a la libertad de prensa es igualmente alarmante. Las sanciones previstas para los medios de comunicación que difundan información sobre las sanciones internacionales son un claro ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información de los ciudadanos venezolanos. El nerviosismo expresado por figuras del chavismo como Roy Daza y la calificación de la ley como «muy severa» por parte de Diosdado Cabello, sugieren que incluso dentro del oficialismo hay conciencia de lo extremo de estas medidas. Sin embargo, la aprobación unánime de la ley demuestra la falta de voluntad para oponerse a las directrices del régimen. La reacción de la líder opositora María Corina Machado, quien fue recientemente acusada de traición a la patria, refleja la determinación de la oposición para continuar su lucha por la democracia a pesar de las amenazas. Es evidente que esta ley es una respuesta directa al endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos y al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como «presidente electo» por parte de la administración Biden. El régimen de Nicolás Maduro, en lugar de abordar las preocupaciones legítimas sobre el proceso electoral y la situación de los derechos humanos en el país, opta...
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