Las recientes revelaciones, publicadas en un reportaje exclusivo por el diario español El Debate, ponen en el foco no solo a Evo Morales, sino también a un entramado de colaboradores que, en lugar de frenar estos actos, presuntamente facilitaron y encubrieron una red de abusos que indigna y preocupa. Las pruebas son impactantes y difícilmente ignorables. Imágenes de niñas golpeadas, llorando y heridas, además de información detallada sobre los sitios donde se perpetraban estos abusos, han salido a la luz. Uno de esos lugares es un chalet en Achumani, La Paz, aparentemente custodiado por personal diplomático de la Embajada de Cuba. Y como si esto fuera poco, el detalle de la logística detrás de estos encuentros revela la participación activa de personas cercanas al expresidente, quienes, lejos de impedir estos abusos, se aseguraron de que Morales contara con privacidad, alcohol y la seguridad necesaria para continuar. El reportaje no solo muestra los abusos de poder de Morales, sino que también apunta a una red de cómplices, compuesta por funcionarios de alto nivel que optaron por la complicidad y el silencio. Desde ministros y senadores hasta miembros de su escolta, todos jugaron un papel en mantener este sistema de abuso en la penumbra. Algunos de ellos, incluso, recibieron promesas de poder a cambio de sus servicios. Esta es la realidad que ahora enfrenta la justicia boliviana, a medida que intenta desmantelar una red de influencias y lealtades que pareciera haber operado sin temor a consecuencias. El caso plantea preguntas difíciles: ¿cómo es posible que tantas personas en posiciones de poder y responsabilidad hayan sido conscientes de estos actos y, sin embargo, no hicieran nada? ¿Es este silencio un reflejo de un sistema tan corrompido que permitió años de abusos impunes? Y sobre todo, ¿está la justicia boliviana preparada para procesar a...
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