El ex mandatario, conocido tanto por sus logros en la lucha contra el terrorismo y la inflación como por los oscuros episodios de corrupción y violaciones a los derechos humanos, ahora busca una cuarta candidatura presidencial, lo que para muchos es una afrenta a la justicia y la democracia. Es difícil no sentir una mezcla de indignación y desconcierto ante la noticia. Fujimori fue condenado en 2009 por su responsabilidad en el asesinato de 25 personas durante su mandato en 1992, una mancha imborrable en su historial. Además, enfrenta otras tres sentencias por corrupción y adeuda al Tesoro peruano una cifra cercana a los 15 millones de dólares. ¿Cómo puede ser que alguien con semejante prontuario se postule nuevamente para la presidencia? La respuesta a esta pregunta no es simple y refleja las complejidades del sistema político peruano y, en particular, la influencia persistente del fujimorismo. Keiko Fujimori, su hija y líder del partido Fuerza Popular, anunció en redes sociales que su padre será el candidato presidencial en 2026. Sin embargo, la ley peruana prohíbe claramente que una persona condenada por corrupción pueda postularse a cargos públicos. ¿Se trata entonces de un desafío directo al estado de derecho? Fujimori tras el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992 El indulto otorgado a Fujimori en diciembre de 2023 por la presidenta Dina Boluarte, que revivió un controvertido perdón de 2017, solo añade más leña al fuego. Este acto no solo permitió su liberación, sino que también ha sido interpretado por muchos como un intento de reescribir su historia y rehabilitar su imagen pública. Fujimori, de 85 años, ha utilizado las redes sociales para relanzarse políticamente, subrayando su rol como «líder fundador del fujimorismo». No podemos ignorar la ironía y el descaro en este intento de retorno. Fujimori fue extraditado...
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