Un día después de que iniciara el curso político, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez ha recibido dos reveses: por un lado, la nueva presidenta del Supremo, Isabel Perelló, le ha salido peleona y, por otra, el Partido Popular ha hecho lo que le corresponde: interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía. La elección de la nueva presidenta del Tribunal Supremo, si bien fue aplaudida por el PP, ha despertado cierta reticencia por su presunta simpatía por la izquierda. Sin embargo, en su primer discurso, en la apertura del año judicial, la también presidenta del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha enviado un claro mensaje al Gobierno al defender que el suyo, debe ser un poder independiente, sin que ningún otro le de indicaciones sobre cómo actuar. “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Sólo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de derecho”. Cabe señalar que desde que Sánchez es presidente, tanto el Gobierno y como sus socios, han criticado de forma recurrente las decisiones judiciales contrarias a su cuerda. Pero incluso, han ido más allá, acusado a los magistrados de ejercer lawfare, y terminando con el propio Pedro Sánchez querellándose contra el juez que lleva la causa que investiga a su esposa, Begoña Gómez. Por ello, aseguró que el papel del CGPJ debe ser el de defender la independencia judicial, que señala es fundamental para el Estado de derecho. También rebatió que si bien las resoluciones judiciales pueden ser criticadas y no estar conforme con ellas, «las discrepancias nada tienen que ver con la descalificación y el insulto», como ha sido el caso de los jueces señalados desde la izquierda por...
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